La obligación recientemente impuesta a las empresas españolas de registrar la jornada de todos sus trabajadores ha creado polémica, pero se puede entender en un país donde a unas tasas elevadas de desempleo y a un alto nivel de precariedad laboral se suman millones de horas extras no remuneradas, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores que las hacen pero no las cobran, para la Seguridad Social que deja de ingresar las cotizaciones sociales correspondientes, y para los parados que podrían trabajar ese tiempo que trabajan de más personas ya ocupadas.
Según el Instituto Nacional de Estadística el número de horas extraordinarias no retribuidas que realizan los trabajadores españoles cada semana ronda los tres millones. Es decir las mismas horas que trabajarían 75.000 personas haciendo una jornada de 40 horas semanales. Sin embargo, es muy posible que el problema sea mucho mayor (por ejemplo, da que pensar que en la Encuesta de Población Activa, de donde están tomadas esas cifras, solo uno de cada 20 encuestados admite trabajar más tiempo del que le toca, sea remunerado o no).
De hecho, hay expertos que estiman que las horas de más que hacen los trabajadores españoles en un año podrían elevarse a más de 2.000 millones que, de otra manera, podrían estar dando empleo a más de un millón de trabajadores a tiempo completo y generando miles de millones de euros en contribuciones empresariales a la seguridad social.
En principio, por tanto, la medida parece tener sentido: controlemos la jornada y así generaremos más empleo. Trabajarán más personas. Puede incluso que, de esta forma, los jóvenes tendrán más oportunidades laborales y tal vez el mercado de trabajo español dejará de expulsar sistemáticamente a los mayores de 55 años, porque les necesitaremos para trabajar esas horas que ya no harán de más los trabajadores que las realizaban hasta el momento.
Pero pasa una cosa: pagar las horas de más que hacen los trabajadores o contratar más gente tiene un coste para las empresas. Si el empresario obliga a sus empleados a trabajar esas horas por codicia, para ahorrarse gastos de personal y meterse más dinero en el bolsillo, o por capricho, porque sigue anclado en la cultura del ‘presentismo’ que durante décadas imperó en las empresas españolas, la norma le obligará a hacer las cosas de forma correcta. Aunque aquí permitidme que sea escéptico. También es posible que no cambie nada. Al fin y al cabo en España ya existía una norma que obligaba a registrar las horas extraordinarias y a compensarlas de alguna manera y que limitaba el número de horas que puede hacer un trabajador…
Pero puede también que nos encontremos casos donde esas horas extra no remuneradas no se trabajan por codicia o capricho del empresario, sino porque el coste añadido que supondría remunerar este tiempo extra o contratar trabajadores adicionales pondría en riesgo la viabilidad de la empresa, lo que pone encima de la mesa el problema de fondo que hay detrás de muchas de esas horas de más que realizan los trabajadores de nuestro país: la baja productividad de las empresas españolas.
Es verdad que la productividad de las grandes empresas españolas y de las filiales españolas de empresas multinacionales es comparable a la que observamos en países vecinos, pero en la mayoría de empresas españolas las cosas no son así.
En España se produce un cocktail peligroso: a una economía con una estructura sectorial en la que pesan mucho sectores de actividad intensivos en mano de obra con baja cualificación como la construcción, la hostelería, el comercio al por menor o el transporte, se suma el pequeño tamaño de la mayoría de las empresas españolas, que les impide aprovechar economías de escala, una escasa inversión en I+D+i, un escaso grado de internacionalización y el bajo nivel educativo de sus trabajadores. Y la suma de todo esto se traduce en unos niveles muy bajos de productividad que muchas empresas tratan de solucionar de la forma más sencilla: a base de que sus empleados metan más horas, gratis.
¿Supondrá la nueva norma un incentivo para que las empresas españolas se preocupen más de ganar en escala, mejorar la eficiencia de sus procesos y formar a sus empleados? Sinceramente lo dudo. Si se saltaban la norma anterior se saltarán esta nueva, y no creo que la multa de hasta 6.250 euros que contempla la norma en caso de infracción vaya a provocar mucho cambio. No digo que no haya que controlar que las personas trabajan la jornada que les toca. Evidentemente hay que poner coto a los abusos, pero si el problema detrás de esas horas es la baja productividad de muchas de nuestras empresas, esto no lo vamos a resolver a base de este tipo de normas sino que serán necesarias otro tipo de medidas de mayor calado dirigidas a atacar la raíz del problema.
En cualquier caso, y ante el eco mediático que está teniendo la noticia, deberíamos ver este cambio normativo como una oportunidad para que todas las partes implicadas: empresas, administraciones, patronales, sindicatos y los propios trabajadores, tomemos conciencia de dónde vienen esos millones de horas que trabajamos de más los españoles y nos pongamos de una vez por todas manos a la obra para resolver una situación que llevamos arrastrando demasiado tiempo.
