El final del mes de julio y el principio del mes de agosto se han visto marcados por la huelga del taxi. Durante varios días ciudadanos y turistas han padecido la falta de este servicio y congestiones de tráfico. En cualquier caso problemas menores si los comparamos con las agresiones sufridas por algunos conductores de VTC.
Los huelguistas reclamaban que la concesión de licencias VTC se mantuviese en el ratio 1/30 (una licencia VTC por cada 30 de taxis) para evitar la que ellos denominan “competencia desleal” de servicios como Uber o Cabify. Curiosamente la única solución propuesta por los taxistas era limitar la concesión de nuevas licencias VTC, pero en ningún caso conceder nuevas licencias de taxi hasta llegar a la proporción deseada.
Puede que este conflicto tenga algo que ver con que el número de licencias de taxi en España lleva congelado (en realidad ha descendido ligeramente) desde 1997, mientras que en este periodo la población del país ha aumentado en más de 6 millones de personas. Una situación que ha motivado que el precio de las licencias de taxi en el mercado secundario se haya multiplicado en las últimas décadas lo que, a su vez, provoca que los taxistas cada vez estén menos a favor de conceder nuevas licencias de taxi (o de otros servicios comparables como los VTC) porque se devaluarían las suyas. Una dinámica en la que, por cierto, han empezado a entrar también algunos titulares de licencias VTC que, ante la creciente demanda y las limitaciones a su concesión, comienzan a especular con estas licencias y ya no ven con tan buenos ojos la liberalización total del sector que defendían hace unos pocos años.
Lo que parecen no entender los taxistas es que su verdadero problema no son los VTC sino el mundo que ha cambiado. Atrás quedó la época en que se decidió que la conducción de un taxi debía ser objeto de una concesión administrativa porque muchos ciudadanos no tenían un vehículo propio, y porque los sistemas de transporte público de las ciudades (autobuses, metro, tranvía, etc.) no estaban suficientemente desarrollados, y había que regular ese servicio en su condición de servicio “público”.
Hoy, sin embargo, el mundo es muy distinto: tenemos unos 500 turismos por cada 1000 habitantes, el transporte público urbano ha mejorado significativamente, y a esto tenemos que sumar los nuevos servicios de movilidad que nacen al calor de la revolución digital. Y no me refiero solo a los Uber y Cabify…
Los taxistas demonizan a los VTC, pero la realidad es que en los últimos años las alternativas de movilidad para desplazarse de un punto A a un punto B en una ciudad se han multiplicado más allá de los VTC gracias a las plataformas digitales. Es el “frictionless world”.
Hoy para ir a mi destino puedo coger un taxi (o un VTC) pero también puedo aprovechar la red pública de bicicletas o bicicletas eléctricas, como Bicing en Barcelona, o BiciMAD en Madrid. Si me gustan las dos ruedas, otra alternativa es utilizar un servicio de motosharing como eCooltra, Muvingo Yugo. Y si prefiero las cuatro puedo decantarme por una aplicación de coches eléctricos sin conductor como Car2go o Emov, con lo que el trayecto me saldrá por una tercera parte de lo que me cuesta un taxi, o plataformas como Amovens, Drivy o SocialCar, a través de las cuales los propietarios de vehículos pueden sacarles un rendimiento económico cuando no los necesitan. ¿Tengo dudas sobre cuál de esas alternativas debería utilizar? Soluciones agregadoras como Free2Move me permiten acceder desde una única aplicación a todos los servicios de vehículos compartidos disponibles en mi ciudad.
La llegada de todas estas alternativas de movilidad (más que los VTC) es lo que provoca el verdadero problema, y es que el valor real de las licencias de taxi (flujos de caja descontados y tal) es mucho menor que el precio que hoy se pide (y se paga) por ellas. Si a esto le añadimos que en aproximadamente una década los vehículos autónomos serán habituales en las calles de nuestras ciudades creo que está todo dicho. Esta es la realidad a la que se enfrentan los taxistas y de la que muchos no son conscientes y otros no quieren aceptar. El conflicto de las licencias VTC es tan solo la punta del iceberg de un problema de mayor dimensión y, desgraciadamente, la solución adoptada por el Gobierno lo único que hace es posponerlo en el tiempo.
